Cinco militares que permanecían en poder del ELN desde el pasado 9 de noviembre en Arauca recuperaron su libertad este martes, en un operativo de carácter estrictamente humanitario en el que participaron la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Misión de la ONU en Colombia y la MAPP-OEA.
Los uniformados Sergio Andrés Muñoz Zapata, Daniel José Munive Sandoval, César Julio Muñoz Osorio, Andrés Felipe Muñoz Castro y Luis Ángel Navarro Banquet fueron entregados por el grupo armado ilegal en una zona rural del departamento y posteriormente trasladados a la ciudad de Arauca, donde se reencontraron con sus familias y superiores.
La comisión humanitaria llegó hasta el punto acordado con el ELN bajo estrictas medidas de seguridad y con las garantías necesarias para evitar enfrentamientos. Organismos internacionales hicieron presencia como veedores del proceso, con el fin de certificar que la operación se ajustara a los principios humanitarios y al respeto por la vida de los retenidos.
Según informó la Defensoría del Pueblo, los cinco militares fueron recibidos en condiciones de salud estables, aunque de inmediato fueron remitidos a valoración médica y a los protocolos psicosociales que se aplican en estos casos para verificar posibles afectaciones físicas o emocionales tras el cautiverio.
Mientras se surtía la revisión médica, en Arauca se vivieron escenas de alivio y lágrimas contenidas. Las familias, que durante días se aferraron a los comunicados oficiales y a la mediación institucional, recibieron la confirmación de que sus seres queridos volvían con vida, un desenlace que no siempre es garantía en escenarios de secuestro en zonas de conflicto.
Para la Fuerza Pública, la liberación se interpreta como un alivio en medio de la tensión que generan estos hechos en la tropa y en las familias de los uniformados desplegados en regiones con presencia de grupos armados ilegales.
Tras la liberación, la Defensoría del Pueblo reiteró que continuará abriendo canales de diálogo humanitario con todos los actores armados que mantengan personas secuestradas, sin que ello implique respaldo político alguno, sino la defensa del derecho fundamental a la libertad y a la vida.
La entidad subrayó que su misión es garantizar que cada persona privada de la libertad por grupos ilegales pueda regresar a su hogar, y recordó que el secuestro sigue siendo una grave violación de derechos humanos que deja cicatrices profundas en las víctimas, sus familias y las comunidades.
El mensaje final fue de insistencia: las puertas a la mediación humanitaria están abiertas y cualquier gesto que conduzca a liberar personas en poder de grupos armados será acompañado, verificado y denunciado si se incumplen las garantías. Cada liberación, como la de estos cinco militares en Arauca, se convierte en un recordatorio de que aún hay vidas esperando regresar.
