La Procuraduría General de la Nación dio un nuevo paso en su labor de vigilancia sobre la educación superior en el país y le pidió formalmente al Ministerio de Educación Nacional que informe, con detalle, cuáles han sido los avances y resultados de la investigación administrativa preliminar que se abrió a la Fundación de Educación Superior San José.
La solicitud surge tras conocerse hechos que podrían comprometer la calidad en la prestación del servicio educativo y generar dudas sobre la validez de los títulos expedidos por esta institución, situación que encendió las alertas del órgano de control.
Desde la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se pidió compartir toda la información recabada hasta el momento sobre directivos, representantes legales, miembros de consejos, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y demás personas que hayan tenido injerencia en la dirección o control de la Fundación San José.
En la misma comunicación, la Procuraduría le pidió al Ministerio de Educación precisar qué decisiones preventivas o correctivas considera necesarias para blindar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos profesionales y recuperar la confianza en la normalidad institucional de la entidad universitaria.
El Ministerio Público aclaró que esta actuación hace parte de su función preventiva y busca asegurar la transparencia, legalidad y continuidad del servicio público de educación superior, respetando la autonomía universitaria, pero recordando que esta debe ejercerse dentro de los límites que fija la Constitución y la ley.
La Procuraduría otorgó un plazo de tres días para que el Ministerio remita la información solicitada, tiempo en el que se espera conocer el alcance de las medidas adoptadas y el rumbo que podría tomar la situación de la Fundación de Educación Superior San José.
