La Contraloría General de la República encendió una alerta sobre el sector justicia a pocas semanas de terminar el año: cerca de 59.000 servidores judiciales en todo el país siguen sin recibir la bonificación que les corresponde, ni el reajuste salarial asociado al incremento del índice de precios al consumidor (IPC), tal como lo ordena el Decreto 383 de 2013.
De acuerdo con la Delegada para el Sector Justicia, durante 2025 el Gobierno nacional no ha expedido el decreto que define el reajuste de esta bonificación, pese a que ya han transcurrido once meses de la vigencia fiscal. El vacío normativo se ha traducido en que los funcionarios no vean reflejado el incremento en sus ingresos, lo que impacta directamente su derecho a percibir salarios y prestaciones en las condiciones fijadas por la ley.
El órgano de control advirtió que este retraso no solo vulnera a los servidores, sino que también coloca al Estado frente a un escenario de alta litigiosidad. Reclamos administrativos, acciones de tutela y demandas para exigir el reajuste e indexación de los pagos podrían multiplicarse, generando contingencias jurídicas y presiones fiscales por el retroactivo, el aumento en las apropiaciones de gasto de personal y los ajustes en los pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social.
La Contraloría recordó que varias entidades del sector justicia han elevado solicitudes reiteradas al Ministerio de Hacienda y al Gobierno nacional para que se defina el reajuste y se asignen los recursos necesarios. Sin esa decisión, no es posible adelantar los trámites administrativos y financieros que permitan reconocer y pagar los valores acumulados.
Desde la óptica fiscal, el organismo de control alertó que la no expedición oportuna del decreto puede traducirse en la creación de pasivos contingentes y luego ciertos: la acumulación de derechos económicos no reconocidos durante varias vigencias podría obligar al Estado a responder posteriormente con cuantiosos retroactivos salariales, golpeando el equilibrio presupuestal de los próximos años.
Además, esta situación afecta la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, al configurar un pasivo no revelado de manera adecuada en los estados financieros, y romper con los principios de planeación y anualidad presupuestal contemplados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
La Contraloría también advirtió que la acumulación de obligaciones no reconocidas amenaza el principio de sostenibilidad fiscal, al abrir una brecha entre lo que se presupuesta y lo que realmente se debe pagar, con posibles repercusiones sobre la regla fiscal del sector justicia.
Ante este panorama, el ente de control instó al Gobierno nacional a actuar con celeridad, emitir el decreto pendiente y asegurar los recursos necesarios, para evitar reprocesos contables, costos adicionales por intereses o sanciones, y lo que considera un uso ineficiente de los recursos del Estado. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene tanto en los despachos judiciales como en las cuentas fiscales de la Nación.
