Un informe reciente de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de los recursos públicos que permanecen sin ejecución en contratos fiduciarios, una situación que estaría afectando tanto las finanzas del Estado como el impacto social de la inversión pública en Colombia.
El estudio, elaborado con corte a diciembre de 2024, advierte que mantener grandes sumas de dinero inmovilizadas genera un efecto negativo doble. Por un lado, el Estado deja de obtener beneficios económicos al mantener los fondos en portafolios de bajo rendimiento; por otro, se aplaza la ejecución de obras, programas y servicios que estaban destinados a atender necesidades prioritarias de la población.
De acuerdo con el análisis, aunque las fiducias fueron diseñadas como herramientas para garantizar transparencia y eficiencia, en la práctica una parte significativa de los recursos no se ha traducido en resultados concretos. Del total de $13,48 billones administrados en 787 negocios fiduciarios, cerca de $4,84 billones permanecían sin ejecución al cierre de 2024, lo que representa más de un tercio del total comprometido.
La Contraloría también identificó que esta situación se concentra en algunas entidades públicas. En la muestra evaluada, el Ministerio de Vivienda encabeza la lista de recursos inmovilizados, seguido por los ministerios de Comercio y de Salud, lo que refleja dificultades estructurales para llevar los proyectos de la planeación a la ejecución efectiva.
En el sector financiero, el manejo de estos recursos se encuentra altamente concentrado en pocas fiduciarias, entre ellas Scotiabank Colpatria, Fiduciaria La Previsora y Fiduciaria Popular, que administran los montos más elevados de dinero sin ejecutar, según el informe.
Las causas del problema, señala el ente de control, se relacionan principalmente con retrasos administrativos, debilidades en los contratos y fallas en los procesos internos de las entidades, factores que terminan rigidizando la gestión y dilatando el uso de recursos que ya estaban disponibles.
El impacto es especialmente sensible en sectores estratégicos como infraestructura, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, donde los proyectos requieren grandes inversiones y su retraso tiene efectos directos en el desarrollo económico y en la calidad de vida de las comunidades.
Ante este panorama, la Contraloría anunció que dará inicio a las actuaciones fiscales correspondientes, con el objetivo de proteger el patrimonio público y promover un uso más eficiente de los recursos, evitando que el dinero destinado al desarrollo continúe estancado mientras las necesidades del país siguen creciendo.