La propuesta del Ministerio de Hacienda de limitar gradualmente la inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones abrió un debate de fondo sobre el equilibrio entre política fiscal, mercado de capitales y rentabilidad del ahorro de largo plazo. Un análisis técnico de la Contraloría General de la República advierte que la medida podría tener efectos adversos tanto para los afiliados como para la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
El proyecto de decreto plantea reducir en cinco años el tope de inversión internacional de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pasando del 49 % actual al 30 %, con una fase inicial que fijaría el límite en 35 % durante los primeros tres años. Esta decisión implicaría un retorno masivo de recursos hacia el mercado local, estimado en más de $100 billones hacia 2028 y cerca de $178 billones en 2030.
Desde una perspectiva económica, la Contraloría señala que la principal preocupación radica en la capacidad del mercado interno para absorber de manera eficiente este volumen de capital sin deteriorar la rentabilidad de los portafolios. Con la medida, la proporción de inversión nacional de los fondos pasaría del 51 % al 69 %, un ajuste que no tendría precedentes recientes en el sistema.
El órgano de control recuerda que, históricamente, los activos internacionales han ofrecido mejores retornos y mayor diversificación frente a los riesgos del mercado local. Mientras los fondos con exposición global han registrado rendimientos promedio cercanos al 8,5 % anual desde la adopción del esquema de multifondos, una estrategia concentrada exclusivamente en Colombia habría generado retornos sensiblemente menores.
Las simulaciones financieras incluidas en el análisis muestran que una reducción sostenida en la rentabilidad podría traducirse en saldos pensionales significativamente más bajos al momento de la jubilación. En términos macroeconómicos, este escenario no solo afectaría el ingreso futuro de los trabajadores, sino que también trasladaría mayores obligaciones al Estado, que constitucionalmente actúa como garante del pago de pensiones.
A diciembre de 2025, los fondos del régimen de ahorro individual administraban más de $529 billones, con un rendimiento promedio del 6,43 % en los últimos años. Según las estimaciones de la Contraloría, la repatriación forzada de inversiones desde el exterior podría implicar una pérdida acumulada de rentabilidad superior a los $3 billones en las cuentas de los afiliados durante el periodo de transición.
El informe también advierte sobre los efectos indirectos en la reforma pensional actualmente en revisión por la Corte Constitucional. Con un número creciente de pensionados y una base de cotizantes que comenzaría a reducirse a partir de 2037, menores rendimientos en los fondos privados aumentarían el déficit actuarial y la presión sobre el gasto público, especialmente en las próximas décadas.
En este contexto, la Contraloría hizo un llamado a que cualquier ajuste en la política de inversiones de los fondos de pensiones se base en criterios técnicos y financieros, priorizando la rentabilidad del ahorro pensional y la estabilidad del sistema, antes que necesidades coyunturales de financiamiento interno.