El Consejo de Estado dejó en firme la elección del actual gobernador del Putumayo para el periodo 2024-2027, tras concluir que no existen pruebas que sustenten la presunta inhabilidad relacionada con vínculos familiares dentro de la administración pública.
La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal en una sentencia de única instancia emitida el 29 de enero de 2025, con la que se rechazó la demanda que buscaba anular el resultado electoral. El recurso señalaba que el mandatario habría estado impedido para aspirar al cargo debido al parentesco con Lucy Martiza Molina Acosta, quien se desempeña como secretaria general del Ministerio de Educación Nacional.
Sin embargo, luego de revisar el material probatorio, la corporación determinó que no se pudo demostrar que la funcionaria hubiera ejercido autoridad administrativa en el departamento durante el periodo considerado como inhabilitante, comprendido entre el 23 de febrero de 2024 y la fecha de los comicios.
El fallo subraya que la sola existencia de un vínculo familiar no configura automáticamente una restricción para ocupar cargos de elección popular; es necesario comprobar que el pariente haya tenido incidencia directa en la administración del territorio correspondiente, condición que no fue acreditada en este caso.
Con esta determinación, el gobernador mantiene su investidura y despeja el panorama jurídico de su mandato, mientras el tribunal reafirma la importancia de sustentar con pruebas contundentes cualquier intento de invalidar una elección. La sentencia también refuerza la estabilidad institucional en el departamento, al cerrar uno de los procesos que generaba expectativa en el escenario político regional.
