Una auditoría de fondo a la administración de bienes sometidos a extinción de dominio encendió las alertas sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de custodiar y administrar propiedades que pasaron a manos del Estado. El informe, presentado por la Contraloría General de la República, revela un panorama marcado por deficiencias operativas, debilidad en los controles internos y riesgos fiscales significativos.
El organismo de control identificó múltiples irregularidades en la forma como se administraron bienes e inmuebles durante varias vigencias recientes. Entre los principales problemas se destacan fallas en los procesos de desalojo, ausencia de controles efectivos sobre los depositarios y sistemas de información poco confiables, lo que dificulta el seguimiento adecuado de inventarios y la coordinación entre las áreas responsables.
El análisis también evidenció incumplimientos reiterados de normas internas y lineamientos institucionales, especialmente en la gestión de arrendamientos y comercialización de bienes. Contratos sin pólizas vigentes, subarriendos sin autorización y descuentos aplicados sin sustento técnico hacen parte de las situaciones detectadas, así como la falta de control sobre reparaciones y obligaciones a cargo de los arrendatarios.
Otro de los puntos críticos señalados en el informe es la gestión de vehículos bajo custodia estatal. La Contraloría advirtió pérdidas de valor asociadas a procesos deficientes de enajenación y chatarrización, además de costos elevados por bodegaje, producto del almacenamiento prolongado de automotores en patios durante varios años.
El ente de control también cuestionó la efectividad de la oficina de control interno de la SAE, al considerar insuficientes los mecanismos de evaluación y seguimiento implementados para prevenir este tipo de situaciones. Como resultado, se establecieron hallazgos con posibles implicaciones fiscales y disciplinarias, que deberán ser atendidos por la entidad.
Finalmente, la Contraloría anunció que hará seguimiento riguroso al plan de mejoramiento que deberá presentar la SAE, con acciones correctivas y preventivas orientadas a subsanar las fallas administrativas detectadas y a garantizar una gestión más transparente y eficiente de los bienes que pertenecen al Estado.
