Un juzgado penal especializado de Antioquia impuso una condena de 37 años de prisión a Luciano Marín Arango, conocido como alias ‘Iván Márquez’, tras acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 1997.
La decisión judicial lo responsabiliza por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado, en hechos registrados el 2 de julio de ese año en zona rural de Turbo, Antioquia.
Crimen en medio del conflicto armado
De acuerdo con la investigación, las víctimas eran integrantes de la Brigada XVII del Ejército Nacional que resultaron afectadas tras un enfrentamiento con estructuras guerrilleras que operaban en la región. Tres uniformados habían quedado heridos y eran atendidos por un enfermero de combate cuando fueron interceptados por hombres armados.
Según el fallo, los militares fueron retenidos contra su voluntad. Posteriormente, cuatro de ellos fueron asesinados, mientras que otro suboficial permaneció secuestrado durante varios años hasta su rescate en 2003.
En ese momento, ‘Iván Márquez’ hacía parte del antiguo secretariado de las FARC-EP y tenía injerencia sobre estructuras armadas que operaban en el noroccidente del país. La Fiscalía sostuvo que las acciones respondían a lineamientos impartidos desde la comandancia para ejecutar ataques y secuestros contra miembros de la fuerza pública con fines extorsivos y de presión armada.
Responsabilidad penal y mensaje judicial
El proceso fue liderado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que recopiló testimonios y elementos probatorios para sustentar la responsabilidad del exjefe guerrillero en los hechos.
La sentencia se suma a otras decisiones judiciales relacionadas con crímenes cometidos durante el conflicto armado y envía un mensaje sobre la persecución penal de delitos considerados de alta gravedad, incluso décadas después de haber ocurrido.
El fallo reafirma el compromiso de la justicia ordinaria en la investigación de crímenes que afectaron a integrantes de la fuerza pública y que dejaron profundas heridas en las comunidades de la región de Urabá antioqueño.
