La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los exministros Ricardo Bonilla González (Hacienda) y Luis Fernando Velasco Chaves (Interior), señalándolos como posibles responsables de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por ofrecer u otorgar beneficios. Las conductas investigadas habrían ocurrido entre mediados de 2023 y comienzos de 2024, en procesos vinculados a entidades del orden nacional.
Según la entidad, los exfuncionarios habrían intervenido en la orientación de proyectos de inversión tramitados a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de favorecer a determinados congresistas. A cambio, se buscaría respaldo político a iniciativas del Gobierno en el Congreso de la República.
El expediente detalla tres periodos de actuación. El primero comprende entre junio y septiembre de 2023, lapso en el que se habría influido en 78 procesos contractuales —73 correspondientes a Invías y 5 a la UNGRD— que sumaban 612.000 millones de pesos. De estos, siete contratos llegaron a ejecutarse.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de ese mismo año, la Fiscalía sostiene que existió injerencia en tres proyectos contractuales de la UNGRD orientados a atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un monto de 86.619 millones de pesos. Aunque estas iniciativas no se concretaron, se indica que congresistas relacionados aprobaron 17 operaciones de endeudamiento a favor del Ejecutivo.
En un tercer momento, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, los exministros habrían intentado incidir en la adjudicación de un contrato por 35.000 millones de pesos en Sahagún (Córdoba), para beneficiar a allegados de un legislador de la Comisión Primera del Senado, proceso que finalmente no se llevó a cabo.
El caso entra ahora en fase judicial, donde la Fiscalía presentará sus pruebas ante los tribunales. En las próximas audiencias se definirá el curso del proceso y la eventual responsabilidad de los implicados.
