Amnistía Internacional reportó 61 casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de diferentes cuerpos policiales durante las movilizaciones por el derecho a la vivienda realizadas el 11 de noviembre de 2026 en España.
El informe señala que al menos 36 personas resultaron heridas durante los procedimientos de control y dispersión, cinco de ellas trasladadas a centros hospitalarios. Entre las denuncias figuran golpes con porras, utilización de espray pimienta, gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de goma contra manifestantes.
Los hechos fueron documentados en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Alicante y Castellón. La organización también incluyó denuncias de agresiones contra periodistas que cubrían las movilizaciones.
Ante este panorama, Amnistía Internacional solicitó una investigación independiente para establecer responsabilidades y revisar los protocolos policiales sobre el uso de elementos antidisturbios. También pidió reformas a la legislación española relacionada con el derecho a la protesta y las garantías de los ciudadanos.
