La Defensoría del Pueblo ha lanzado una Alerta Temprana, la número 031 de 2023, en respuesta a las preocupantes afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que han surgido en los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca, así como Pradera y Florida, en Valle del Cauca, esta alarma se basa en la disputa territorial y social que involucra a tres grupos armados ilegales, lo que ha generado una seria amenaza para las comunidades locales.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó este documento de advertencia, que detalla una serie de acciones que ponen en riesgo a la población civil, la principal fuente de preocupación es el enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia contra el frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, dirigido por ‘Iván Mordisco’, que históricamente ha tenido influencia en la región.
La Alerta señala que la población civil se ve sometida y coaccionada mediante el uso de la violencia, amenazas e intimidaciones por parte de estas estructuras ilegales, además, estas organizaciones reclutan a menores de edad y jóvenes, una práctica alarmante que se repite en varios territories, Miranda, Corinto, Pradera y Florida conforman una subregión estratégica entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, actuando como un corredor crucial para los grupos armados, esto facilita la conexión entre los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Tolima, con un tránsito que también se dirige hacia Cali y su área metropolitana.
Junto con el aumento de la violencia, la Defensoría del Pueblo resalta el peligro que enfrentan líderes y defensoras de derechos humanos, comunidades e autoridades indígenas y campesinos, presidentes de Juntas de Acción Comunal, firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, personas estigmatizadas socialmente y servidores públicos, ante este panorama preocupante, el Defensor del Pueblo ha emitido 29 recomendaciones a las entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionals, estas recomendaciones buscan tomar medidas bajo una perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con el objetivo de mitigar y prevenir los riesgos descritos y proteger los derechos fundamentales de la población civil en estas zonas afectadas.
