La Procuraduría General de la Nación presentó cargos en contra de Liliana María Sánchez Villada, secretaria de Educación del Quindío, por presunta omisión en la gestión oportuna de trámites contractuales relacionados con el Programa de Alimentación Escolar, lo que resultó en su suspensión.
Según la Regional de Instrucción del Quindío, esta presunta falta habría llevado a una suspensión del PAE que se prolongó por 27 días, obligando a declarar la urgencia manifiesta para contratar de manera directa a un operador que asegurara la continuidad del servicio y la atención a los niños, niñas y adolescentes de la región.
La Procuraduría argumenta que Sánchez Villada tenía la responsabilidad de justificar las necesidades de contratación en su dependencia y, aparentemente, no gestionó, suscribió ni remitió con anticipación los estudios correspondientes, los documentos previos y los soportes necesarios para la etapa de planeación.
Se alega que esta supuesta conducta de la secretaria de Educación vulneró los principios de educación inclusiva, economía y celeridad, por ende, de manera provisional, se le ha calificado como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, el proceso continuará para determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.