La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un veredicto en el caso del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas, después de revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía en un juicio que puso al descubierto una red de tráfico de influencias, la Corte Suprema encontró al acusado culpable y le impuso una serie de sanciones.
Moreno Villegas ha sido declarado responsable del delito de tráfico de influencias, condenado a una pena de 5 años y 7 meses de prisión, y se le ha impuesto una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de los hechos bajo investigación, además, enfrentará una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 82 meses.
En el fallo, la Corte Suprema negó la suspensión de la pena y el beneficio de casa por cárcel, como resultado, se ha emitido una orden de captura para asegurar que Moreno Villegas cumpla su pena en un centro carcelario designado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, medida que se hará efectiva una vez que la sentencia quede en firme.
La investigación de la Fiscalía señalo que, cómo Moreno Villegas, durante su mandato como director del DAPRE entre julio de 2004 y agosto de 2010, utilizó su posición para sostener reuniones presenciales con Yidis Medina Padilla, quien era congresista en ese momento, además, el acusado orquestó encuentros de otros funcionarios del alto gobierno con la congresista con el propósito de obtener su apoyo en la discusión y votación que permitía la reelección presidencial inmediata.
La investigación confirmó que Moreno Villegas y Yidis Medina Padilla acordaron que, a cambio de su apoyo a la reelección, ella recibiría nombramientos laborales para varias personas en diversas entidades públicas, el exdirector influyó ilegalmente en cinco funcionarios públicos para asegurar la concreción de estos nombramientos.
Las entidades en las que se colocaron a las personas recomendadas incluyen la Red de Solidaridad Social, la Empresa Territorial para la Salud, la Superintendencia de Notariado y Registro, y el Servicio Nacional de Aprendizaje.
