La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra los exconcejales de Cartagena, César Augusto Pión González y Américo Elías Mendoza Quessep, por el delito de prevaricato por acción, la decisión se basó en las pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
Los exfuncionarios deberán cumplir una pena de cuatro años de prisión domiciliaria, pagar una multa equivalente a 66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y enfrentar una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas durante 80 meses, la investigación reveló que, en marzo de 2012, Pión González y Mendoza Quessep, en su calidad de presidente y vicepresidente del Concejo de Cartagena, respectivamente, expidieron 35 decretos que ordenaban la reliquidación de los honorarios de algunos concejales y exconcejales.
Estos decretos pretendían autorizar el pago de cerca de 7.200 millones de pesos en salarios y prestaciones a personas que no tenían derecho a ellos, inicialmente, los exfuncionarios fueron absueltos por un juez de conocimiento en abril de 2021, sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión y el Tribunal Superior de Cartagena revocó la absolución, emitiendo una condena en enero de 2022.
