En medio de una creciente controversia política, la senadora María Fernanda Cabal presentó una propuesta formal al Senado para que el presidente Gustavo Petro se someta, en un plazo máximo de quince días, a exámenes toxicológicos y psiquiátricos. La solicitud surge tras la difusión de una carta del excanciller Álvaro Leyva, donde afirma que el mandatario tiene problemas de drogadicción y está aislado dentro de su propio gobierno.
La iniciativa, respaldada por el Centro Democrático, no solo busca determinar si el jefe de Estado consume sustancias psicoactivas, sino también verificar su estabilidad emocional y capacidad funcional para ejercer la presidencia. Cabal argumenta que el control político exige responder a hechos de dominio público que, según ella, comprometen la moral, la seguridad nacional y el ejercicio del poder ejecutivo.
Leyva, en su misiva, señala además que durante un viaje del mandatario a París en 2023, el encuentro que se tenía previsto con ejecutivos de la empresa Dassault Aviation fue cancelado sin justificación oficial, y Petro desapareció durante dos días. Según el excanciller, fue allí donde confirmó las sospechas de consumo problemático por parte del presidente.
En respuesta, Petro no abordó directamente las acusaciones, pero se pronunció contra lo que calificó como “suspicacias atroces” provenientes de personas cercanas. Aseguró que su estadía en París se debió a la necesidad de compartir tiempo con su familia, que reside en el exterior, y defendió su derecho a la vida privada.
Estas tensiones también trajeron a colación declaraciones pasadas del exembajador Armando Benedetti, quien insinuó que el consumo de cocaína en el Gobierno era una realidad conocida y una de las razones por las que se le negó un cargo diplomático.
El episodio ha agitado el escenario político y ha renovado el debate sobre la transparencia, la salud mental y la idoneidad de los funcionarios públicos, especialmente cuando ejercen cargos de alta responsabilidad.
