La Fiscalía de Corea del Sur presentó una nueva imputación contra el destituido presidente Yoon Suk-Yeol por abuso de poder, relacionada con su intento fallido de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, una medida que solo estuvo en vigor por seis horas y que generó una crisis institucional en el país asiático.
Yoon ya enfrentaba un juicio por insurrección, tras ordenar el despliegue de tropas al Parlamento en un intento por suspender el control civil en uno de los sistemas democráticos más consolidados de Asia. La medida fue rápidamente revocada por legisladores opositores, quienes irrumpieron en el recinto para votar su destitución. La Corte Constitucional ratificó su salida del cargo este mes.
De acuerdo con la Fiscalía, la acusación por abuso de poder se suma a las investigaciones en curso y no está cubierta por inmunidad presidencial. La imputación inicial por insurrección fue presentada en enero, cuando Yoon aún ejercía como jefe de Estado.
Además, las autoridades allanaron recientemente su residencia particular como parte de una investigación por presuntos sobornos, en la que también están implicados su esposa Kim Keon Hee y un chamán cercano a la exprimera dama.
Si Yoon es hallado culpable del delito de insurrección, podría enfrentar una pena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997.
El país celebrará elecciones presidenciales anticipadas el próximo 3 de junio para definir quién reemplazará al exmandatario
