Sandra Ortiz exige fiscal ad hoc: teme encubrimiento en caso UNGRD

Nacional

Desde su lugar de reclusión en Bogotá, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, expresó públicamente su desconfianza hacia la fiscal general Luz Adriana Camargo y solicitó que se designe un fiscal ad hoc para su caso. Su petición se basa en la sospecha de que Camargo podría tener conflictos de interés debido a presuntas conexiones con el magistrado Vladimir Fernández, a quien Ortiz ha vinculado en su testimonio con la red de corrupción en la UNGRD.

Ortiz ha ofrecido información sensible dentro de su colaboración con la justicia, señalando a figuras de alto nivel como Iván Name, Carlos Ramón González y el propio Fernández. Sin embargo, sostiene que la fiscal Camargo habría ignorado deliberadamente los datos que involucran al magistrado, lo que, a juicio de la exfuncionaria, compromete la transparencia del proceso.

Según explicaron expertos en derecho penal, para que se designe un fiscal ad hoc, la fiscal actual debe declararse impedida. Luego, el presidente de la República propone una terna a la Corte Suprema de Justicia, quien toma la decisión final. A pesar de que esta figura no es común en Colombia, los antecedentes y las tensiones actuales podrían justificar su aplicación, según juristas consultados.

El abogado Germán Calderón señaló que si se comprobara una eventual injerencia de Fernández en la elección de Camargo, esta última debería abstenerse de intervenir en decisiones relacionadas con el caso. De igual manera, el abogado Martín Eduardo Botero hizo un llamado a la Corte Suprema a escuchar a Ortiz, afirmando que su declaración es parte de una colaboración institucional y no debe ser desestimada.

Ortiz fue clara al afirmar que la justicia no puede operar en función de intereses particulares y que si se pretende ocultar información, el proceso deja de ser imparcial. Sostuvo que su intención es entregar directamente las pruebas a la Corte, convencida de que, al analizarlas, los magistrados entenderán que hubo presiones e influencias que comprometen la legitimidad de las decisiones judiciales en curso.

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