El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió un nuevo informe alarmante por parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el que se detalla un patrón sostenido de represión estatal. El documento advierte que agentes del gobierno venezolano estarían cometiendo actos que podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad, al mantener una política de persecución contra líderes sociales, activistas y figuras de la oposición.
La investigación expone cómo las fuerzas de seguridad del Estado, en coordinación con el sistema judicial, habrían implementado una estrategia orientada a invisibilizar y silenciar a quienes expresan disenso. El informe denuncia que numerosas personas han sido privadas de su libertad sin notificación a sus familiares, negándoles comunicación con el exterior y acceso a asistencia jurídica.
“La desaparición forzada no es un hecho aislado, sino parte de una estructura deliberada de represión política”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión. Según los expertos, las detenciones sin registro, los traslados clandestinos y la negativa a aceptar recursos legales como el habeas corpus, configuran una red de impunidad institucionalizada.
Uno de los casos citados es el del defensor de derechos humanos Eduardo Torres, cuyo paradero fue desconocido durante días, mientras los tribunales se negaban a admitir los recursos interpuestos por su familia. Este tipo de respuestas judiciales, de acuerdo con el informe, contribuyen a consolidar el aparato represivo.
La Misión solicitó al gobierno venezolano liberar inmediatamente a todas las personas detenidas de forma arbitraria y llamó a la comunidad internacional a sostener la presión diplomática para evitar más violaciones de derechos fundamentales en el país. Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar protección real y efectiva a quienes defienden derechos humanos, labor que actualmente se realiza bajo condiciones de alto riesgo.
Los hallazgos serán presentados en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde se evaluarán nuevas medidas para enfrentar la situación en Venezuela y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.