La Comisión de la Verdad reveló nuevas evidencias sobre los presuntos vínculos entre empresas bananeras y grupos paramilitares en regiones como Urabá y Magdalena. Según el organismo, el financiamiento por parte de compañías del sector bananero, entre ellas Chiquita Brands, habría sido clave para el fortalecimiento de estructuras como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), así como el Bloque Bananero de las AUC.
La información, basada en declaraciones de antiguos comandantes paramilitares, indica que estos grupos no solo recibieron recursos económicos, sino que también habrían utilizado contenedores de exportación de banano para ocultar cargamentos de cocaína. Estos envíos ilegales se habrían realizado con conocimiento o tolerancia de actores empresariales, en algunos casos bajo acuerdos que supuestamente ofrecían seguridad a cambio de colaboración logística y financiera.
En paralelo, se investigan transferencias de dinero hechas por otras compañías del mismo sector, como Banaldex, que según la Comisión habrían pagado a estructuras armadas ilegales como La Tagua del Darién, liderada por exintegrantes de las AUC, entre ellos Jaime Alonso Castrillón.
Aunque Chiquita Brands ha rechazado en diferentes procesos judiciales su involucramiento con estos grupos, documentos y testimonios recogidos por la Comisión señalan que la multinacional operaba en zonas bajo control paramilitar y habría establecido vínculos en al menos dos regiones clave: Urabá y Santa Marta, donde tenía presencia activa hacia 1997.
