El Congreso de la República dio el primer paso esta semana hacia la eliminación del impuesto a los movimientos financieros, conocido como el 4×1.000, con la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 222 de 2024. La iniciativa, liderada por el representante Christian Garcés (Centro Democrático), plantea desmontar este gravamen de forma gradual entre 2027 y 2035.
Aunque no es la primera vez que se busca suprimir este tributo —creado inicialmente como una medida temporal—, el debate resurge en un momento clave: la cuenta regresiva del gobierno de Gustavo Petro y el inminente cambio de administración, que será la responsable de implementar la propuesta.
El nuevo cronograma aprobado contempla una reducción de 0,25 puntos por mil en 2027 y 2028, seguida de recortes anuales de 0,5 por mil desde 2029 hasta 2035, año en el que desaparecería completamente. La iniciativa busca fomentar el uso del sistema financiero, impulsar la formalización y aliviar la carga sobre los sectores más vulnerables.
“El 4×1.000 ha sido un obstáculo para la inclusión financiera y el desarrollo económico. Queremos desmontarlo de manera responsable, sin afectar la estabilidad del país”, afirmó Garcés durante el debate.
No obstante, el Ministerio de Hacienda expresó su preocupación. En un concepto enviado a la Comisión Tercera de la Cámara, la cartera advirtió sobre un fuerte impacto fiscal negativo. De acuerdo con sus proyecciones, solo la reducción inicial prevista para 2027 generaría un déficit de $2,1 billones, y el costo total del desmonte ascendería a $25,5 billones en la próxima década.
Además, el Ministerio recordó que este impuesto representó más de $14 billones del recaudo nacional en 2023, cerca del 5 % del total tributario, y su eliminación afectaría la financiación del Sistema General de Participaciones (SGP), poniendo en riesgo recursos clave para educación, salud y servicios básicos en regiones y municipios.
El proyecto continúa su trámite legislativo en medio de tensiones entre el Congreso y el Gobierno, en un debate que podría marcar un giro estructural en la política fiscal del país.
