El Gobierno Nacional adoptó nuevas medidas fiscales que impactarán directamente en la liquidez de las empresas colombianas. A través del decreto 0572, expedido el 28 de mayo por el Ministerio de Hacienda, se modifican las reglas de retención y autoretención en la fuente para el impuesto sobre la renta, con efectos inmediatos a partir del 1° de junio de 2025.
Este decreto permite adelantar el recaudo del impuesto de renta correspondiente al 2026, aplicando nuevas tarifas de autorretención según el sector económico. La medida se presenta como una estrategia para cubrir los actuales desbalances fiscales del Gobierno, trasladando al presente ingresos tributarios previstos para el futuro.
Con esta disposición, sectores como la agricultura, que venían aplicando una autorretención del 0,55 %, ahora deberán asumir una tasa del 1,2 %. La generación y comercialización de energía eléctrica sube del 2,2 % al 4,5 %, mientras que la construcción pasa del 1,1 % al 3,5 %. Estas modificaciones también aplican a otras actividades productivas clave, como el transporte, el manejo de residuos y el suministro de agua.
Desde el punto de vista legal, el Gobierno se ampara en el artículo 365 del Estatuto Tributario, que le permite fijar estos mecanismos como anticipos del impuesto de renta para asegurar su recaudo. Sin embargo, diversos sectores económicos y expertos en política fiscal han expresado su preocupación por las consecuencias a mediano plazo, advirtiendo que esta decisión puede poner en riesgo la estabilidad de muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Para algunos analistas, la medida representa una reforma tributaria de facto, disfrazada de ajuste técnico, que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas futuras y puede forzar a las compañías a endeudarse para cumplir con nuevas obligaciones fiscales antes de generar ingresos reales.
