El Gobierno Nacional se prepara para firmar un decreto que convocaría a una consulta popular, en medio de una creciente tensión política con el Congreso. La decisión se tomaría antes del 12 de junio, fecha límite establecida por la normativa, tras el vencimiento del plazo para que el Senado repitiera una votación que el Ejecutivo considera viciada por irregularidades. Con este paso, el presidente Gustavo Petro buscaría avanzar por decreto en la consulta, luego de que el Legislativo no diera una nueva respuesta formal.
Esta jugada ha generado un fuerte choque institucional. Desde el Congreso, varios sectores advierten que el decreto violaría la separación de poderes, y anticipan acciones legales ante el Consejo de Estado. Si esto ocurre, el conflicto pasaría al terreno judicial, donde la Corte tendría que resolver la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la legalidad de la convocatoria directa.
La propuesta de la consulta está estrechamente ligada a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la cual no ha logrado consenso en el Congreso. Aunque un proyecto fue aprobado recientemente en penúltimo debate en la Comisión Cuarta del Senado, el presidente se distanció del texto aprobado, al considerar que no responde a los intereses de los trabajadores ni a los principios que su administración defiende. La inclusión del trabajo por horas es uno de los puntos más criticados por el Ejecutivo.
En este contexto, el Gobierno insiste en que la consulta es una herramienta legítima para promover transformaciones sociales respaldadas por sectores sindicales y ciudadanos. La tensión sigue en aumento y se prevé un pulso entre las instituciones del Estado sobre los límites de sus competencias, con el trasfondo de una reforma laboral que ha polarizado a la opinión pública y al aparato político.
