En una nueva acción de vigilancia institucional, la Defensoría del Pueblo adelantó una inspección en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA-Picaleña), con el objetivo de evaluar el respeto a los derechos fundamentales de los internos. La jornada se enfocó en tres ejes claves: el régimen de visitas, la calidad de los alimentos y las condiciones sanitarias.
El equipo defensorial, en coordinación con su sede territorial, acompañó de cerca el ingreso de familiares a las instalaciones del penal. En este proceso, se observó la manera en que el personal de custodia lleva a cabo los procedimientos de control e identificación, garantizando un trato digno y sin arbitrariedades hacia los visitantes y personas privadas de la libertad.
Uno de los aspectos resaltados por la Defensoría fue la importancia de cumplir con los horarios establecidos para las visitas, pues esto permite mantener y fortalecer vínculos familiares y afectivos, esenciales para la resocialización de la población reclusa.
Adicionalmente, la comisión ingresó a las áreas donde se preparan y distribuyen los alimentos para los internos. Allí se verificaron las condiciones de higiene, el manejo de los víveres y la calidad nutricional de las raciones entregadas. La revisión buscó establecer si se están respetando los estándares mínimos de alimentación establecidos por la ley y lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015.
Con este tipo de intervenciones, la Defensoría del Pueblo reafirma su papel como garante de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario colombiano. La entidad recordó que continuará ejerciendo seguimiento constante y llamó a las autoridades penitenciarias a implementar medidas que mejoren de forma estructural las condiciones de vida de quienes permanecen privados de la libertad.
