La decisión tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado de frenar provisionalmente el decreto con el que el presidente Gustavo Petro pretendía convocar una consulta popular, no solo paraliza el avance de esta iniciativa política, sino que además favorece jurídicamente al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.
La suspensión temporal del decreto —derivada de una demanda aceptada por el alto tribunal— dejó sin validez inmediata el acto administrativo, argumentando que se omitió el concepto previo del Senado, requisito indispensable para este tipo de mecanismos de participación. También se consideró que su aplicación podía representar un “peligro inminente”.
A raíz de esta decisión, varias voces en el ámbito legal aseguran que las acusaciones de prevaricato que se estaban planteando en contra de Penagos pierden fuerza. El registrador había delegado la evaluación jurídica del decreto en las altas cortes, lo que llevó al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a estudiar posibles responsabilidades penales en su contra.
Sin embargo, con la intervención del Consejo de Estado, estas hipótesis legales quedan sin sustento. El constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que, al estar suspendido el decreto y congelados sus efectos, el registrador no tiene obligación de adelantar ninguna gestión relacionada con la consulta. Por tanto, no existiría base para una investigación por prevaricato ni por omisión.
