El Gobierno nacional redirigió su estrategia luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el decreto con el que se convocaría a una consulta popular sobre la reforma laboral. Con este revés jurídico, el Ejecutivo ahora centra sus esfuerzos en lograr que la reforma avance en el Congreso y se apruebe antes de que finalice la legislatura.
Según lo planteado por el Ministerio del Interior, la consulta popular podría quedar sin efecto si el Congreso respalda el proyecto. La clave está en que el Senado designe a sus conciliadores y apruebe el texto que ya fue avalado por la Cámara de Representantes. De lograrse ese paso, el presidente Gustavo Petro estaría dispuesto a retirar el decreto, evitando así una confrontación jurídica que aún debe ser evaluada por la Corte Constitucional.
El Ejecutivo sostiene que el decreto enviado a revisión no requiere del concepto previo del Senado, como lo interpretó el Consejo de Estado. Sin embargo, mientras se dirime esa discusión en el alto tribunal, el Gobierno mantiene una salida política: concretar la conciliación legislativa para dejar sin fundamento la convocatoria a las urnas.
Entretanto, desde sectores del oficialismo se ha expresado preocupación por la aparente demora del Senado en cumplir con su parte del trámite. A solo horas de que se venza el plazo para votar la conciliación, crece la presión sobre la presidencia del Senado para que actúe. La batalla por la reforma laboral, al menos por ahora, se libra más en el Congreso que en los estrados.
