Una reciente alerta emitida por la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza confirma un panorama preocupante para los defensores de derechos humanos en Colombia: entre enero y mayo de 2025, 81 líderes y lideresas sociales fueron asesinados en distintas regiones del país.
El documento, resultado de un análisis sistemático del contexto territorial, da cuenta de una alarmante persistencia de la violencia dirigida contra quienes ejercen liderazgo comunitario, étnico, sindical, ambiental, juvenil y en defensa de los derechos humanos. Con este nuevo balance, el total de víctimas desde 2016 asciende a 1.569 líderes asesinados, una cifra que revela la gravedad del fenómeno y sus efectos acumulativos.
Los datos muestran que el mes de marzo fue el más letal, con 20 homicidios, seguido por febrero (18), enero (17), abril (14) y mayo (12). Estas cifras reflejan no solo la continuidad de los ataques, sino también la ineficacia de las medidas de protección existentes.
Regiones más afectadas y sectores en riesgo
El departamento del Cauca lidera nuevamente la estadística de riesgo, con 16 asesinatos en lo que va de 2025, consolidándose como uno de los territorios más peligrosos para el ejercicio del liderazgo social. Le siguen Antioquia con 10 casos y Norte de Santander con 7. También se reportaron crímenes en Putumayo, Bolívar, Nariño, Valle del Cauca y otros 17 departamentos, incluyendo Bogotá.
Los principales sectores afectados fueron los líderes comunales y comunitarios, con 31 asesinatos combinados. A ellos se suman representantes de comunidades indígenas (14 casos), campesinas (8), del sector sindical (6) y de la población OSIGD/LGBTIQ (4). El resto de las víctimas pertenecían a sectores académicos, culturales, públicos y de víctimas del conflicto.
Firmantes de paz y masacres: cifras que no ceden
El mismo informe advierte que, en el mismo periodo, 21 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 fueron asesinados, lo que pone en duda la garantía estatal de cumplimiento de los compromisos con la reincorporación y la seguridad. Además, se registraron 26 masacres, con un saldo de 80 personas asesinadas, confirmando la continuidad de acciones violentas sistemáticas en varias regiones.
Llamado urgente
La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza instó al Gobierno Nacional, a las autoridades locales y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos de protección, activar rutas de atención temprana y garantizar entornos seguros para quienes trabajan por los derechos de las comunidades más vulnerables del país.
El informe concluye con un llamado contundente: “Proteger a quienes defienden los derechos humanos es proteger la vida y la democracia misma”.