Una demanda presentada ante el Consejo de Estado cuestiona la decisión del Gobierno Nacional de suspender la regla fiscal mediante la activación de la denominada cláusula de escape. El recurso judicial fue interpuesto por Pedro Nel Ospina, quien solicita la nulidad del acto administrativo emitido por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), al considerar que no se cumplían las condiciones legales necesarias para adoptar esta medida.
Según el demandante, la activación de esta figura, contemplada en la Ley 2155 de 2021 como una herramienta excepcional frente a crisis extraordinarias, no estuvo sustentada en un hecho imprevisible o de fuerza mayor, como lo exige la norma. En cambio, argumenta que el Gobierno recurrió a esta medida para hacer frente a problemas fiscales estructurales derivados de sus propias decisiones, y no a situaciones imprevistas como una emergencia sanitaria o un desastre natural.
La acción judicial, radicada el 1 de julio de 2025, alega que esta determinación vulnera principios como la legalidad, la responsabilidad fiscal y la buena fe, al haber sido supuestamente utilizada con fines políticos y sin el soporte técnico requerido. Ospina sostiene que factores como la caída en el recaudo tributario, el aumento del gasto público y la presión de la deuda ya eran conocidos y, por tanto, no constituyen una justificación válida para activar esta medida excepcional.
Entre los argumentos centrales de la demanda se incluye la presunta omisión de un análisis riguroso por parte del Gobierno y la exclusión del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) del proceso de decisión, a pesar de que su dictamen técnico debía ser tenido en cuenta como garantía de objetividad e independencia. El demandante también acusa al Ejecutivo de incurrir en desviación de poder, al utilizar una herramienta extraordinaria para atender necesidades propias del funcionamiento normal del Estado.
En síntesis, el recurso busca que se anule la decisión del Confis por considerar que vulnera el marco legal que regula la responsabilidad fiscal en Colombia y debilita los mecanismos de control sobre el gasto público, abriendo la puerta —según el texto de la demanda— a la utilización discrecional de recursos en periodos críticos como los años electorales. Ahora será el Consejo de Estado quien deberá evaluar la legalidad de esta medida y su impacto en el equilibrio de las finanzas públicas.
