El drama del reclutamiento forzado de menores en Colombia sigue cobrando víctimas. Entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó 55 nuevos casos de niños, niñas y adolescentes que fueron vinculados a la fuerza a estructuras armadas ilegales, perpetuando un flagelo que afecta principalmente a comunidades vulnerables y empobrecidas, especialmente las indígenas.
De acuerdo con el informe semestral del organismo, 29 de los menores afectados fueron niños y adolescentes varones, mientras que 26 fueron niñas y adolescentes mujeres, lo que evidencia que este crimen atroz no discrimina género ni edad. Lo más alarmante es que 35 de los casos corresponden a niños y niñas indígenas, cuyas comunidades han sido históricamente golpeadas por el conflicto armado, el abandono estatal y la falta de garantías de protección.
El departamento del Cauca continúa encabezando la lista de regiones con mayor número de reportes, seguido por Nariño, Chocó y Arauca. Estas zonas coinciden con territorios donde operan grupos armados ilegales, estructuras criminales y economías ilícitas que instrumentalizan a menores para tareas de inteligencia, transporte de armas, vigilancia, actividades logísticas e incluso combate.
En contraste con estos 55 casos reportados en lo corrido de 2025, el año 2024 cerró con 578 casos confirmados de reclutamiento forzado, una cifra que revela la magnitud del fenómeno y la urgencia de políticas públicas más efectivas y articuladas para su prevención.
La Defensoría fue enfática al señalar que “el reclutamiento de menores no es solo una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, sino una herida abierta en el corazón de la niñez colombiana. Cada caso representa la destrucción de un proyecto de vida, la pérdida de la inocencia, el desarraigo de sus hogares y el sometimiento a formas crueles de violencia, explotación y manipulación”.
El organismo de control exhortó al Estado colombiano a fortalecer con carácter urgente los mecanismos de prevención en territorios rurales y étnicos, con enfoque diferencial, y a garantizar la protección efectiva de los niños y adolescentes, mediante sistemas de alerta temprana, educación, oferta institucional permanente y justicia restaurativa.
Adicionalmente, la Defensoría recordó que el reclutamiento forzado es considerado un crimen de guerra, y quienes lo promueven o permiten deben responder ante la justicia nacional e internacional. “No basta con contar cifras; hay que intervenir con decisión donde más se necesita”, concluyó el pronunciamiento.
Frente a este panorama, distintas organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y comunidades indígenas han hecho un llamado al Gobierno Nacional para que se priorice el cumplimiento del Acuerdo de Paz y se avance en el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, al tiempo que se abren oportunidades reales para los jóvenes rurales, quienes muchas veces son cooptados por falta de alternativas.
El país sigue en deuda con su niñez. La protección integral no puede ser un ideal, debe ser una realidad urgente.