La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres altos funcionarios del actual Gobierno por presuntas irregularidades en el manejo del proceso de elaboración y distribución de pasaportes en el país, un tema que ha generado controversia y dificultades para miles de ciudadanos en los últimos meses.
Los funcionarios involucrados son Luis Gilberto Murillo Urrutia, Laura Camila Sarabia Torres, ambos en su calidad de ministros de Relaciones Exteriores en distintos periodos, y Alfredo Saade Vergel, jefe del despacho presidencial. El organismo de control busca establecer si incurrieron en omisiones o acciones indebidas que afectaron el desarrollo eficiente del sistema de expedición de pasaportes.
Según la Sala Disciplinaria de Instrucción, Murillo habría recurrido de manera irregular a una declaratoria de urgencia manifiesta en septiembre de 2024, mecanismo que solo debe utilizarse bajo condiciones excepcionales. Además, se le atribuye falta de gestión para garantizar la continuidad del proceso.
En el caso de Laura Sarabia, la Procuraduría señala que habría sido advertida desde abril de 2025 sobre las dificultades logísticas del nuevo modelo propuesto para la impresión de pasaportes, en especial por la limitada capacidad operativa de la Imprenta Nacional y los retrasos con la Casa de la Moneda de Portugal, entidad vinculada al proyecto.
Por su parte, Alfredo Saade será investigado por una supuesta extralimitación de funciones, al impartir órdenes directas a funcionarios de la Cancillería relacionadas con el agendamiento y priorización de citas para la expedición del documento, sin tener competencia directa sobre esas tareas.
Como parte del proceso disciplinario, el Ministerio Público solicitó apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, la cual deberá realizar una inspección a la Imprenta Nacional para verificar si esta cuenta o no con los recursos necesarios para asumir la producción y entrega de los pasaportes.
La Procuraduría reiteró que esta investigación busca establecer responsabilidades administrativas y no prejuzga sobre la culpabilidad de los implicados, quienes tendrán oportunidad de ejercer su defensa en el curso del proceso.
