La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución y sancionó con inhabilidades de hasta 20 años a tres exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras confirmar su responsabilidad en un escandaloso caso de corrupción que dejó pérdidas millonarias al erario y afectó directamente a comunidades vulnerables en La Guajira.
El organismo de control confirmó en segunda instancia que Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, incurrieron en faltas gravísimas al gestionar y autorizar el pago de sobrecostos superiores a $16.000 millones en la adquisición de 40 carrotanques que debían ser destinados al abastecimiento de agua potable en ese departamento. López fue sancionado con destitución e inhabilidad por 18 años, y Pinilla, con 20 años.
La investigación también salpicó al exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván, quien recibió una sanción de destitución e inhabilidad por 10 años por su rol en la autorización de los pagos a través de la fiduciaria La Previsora, aun cuando existían evidencias de que los valores superaban ampliamente los precios de mercado.
El caso ha sido calificado como una grave afrenta a los principios que rigen la gestión pública. Los carrotanques fueron adquiridos con aparentes cotizaciones amañadas que no reflejaban los valores reales del mercado. Cada vehículo, según la Procuraduría, se pagó con un sobrecosto promedio superior a los $412 millones.
Además del sobreprecio, la investigación reveló que los carrotanques nunca cumplieron con su objetivo: llevar agua potable a las comunidades guajiras. El ente de control comprobó que, a pesar de que Pinilla certificó la entrega satisfactoria de los vehículos, estos no fueron utilizados en la atención humanitaria decretada por el gobierno nacional en 2022.
Para la Procuraduría, el caso constituye una violación directa a los principios de moralidad, eficiencia y economía del gasto público. El fallo destaca que las acciones de los sancionados no solo generaron un detrimento patrimonial, sino que también frustraron la atención de una crisis humanitaria prolongada en La Guajira.
Los tres exfuncionarios quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por el tiempo determinado en sus sanciones. La decisión es definitiva en vía disciplinaria, aunque los implicados podrían intentar acciones judiciales en tribunales contencioso-administrativos.
Este fallo se suma a los múltiples cuestionamientos que ha recibido la UNGRD en los últimos años y refuerza los llamados a una reforma estructural del sistema de gestión del riesgo en Colombia, donde las emergencias no pueden seguir siendo el escenario perfecto para la corrupción.