El manejo de los recursos públicos en Córdoba, Quindío, vuelve a ser cuestionado. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde Jhon Jairo Pacheco Rozo (2020-2023) y siete concejales de su administración, tras evidenciar presuntas irregularidades en el uso del fondo de contingencias, un rubro destinado exclusivamente a emergencias y protección financiera del municipio.
La investigación revela que, bajo un decreto expedido en 2021, Pacheco habría autorizado una modificación presupuestal superior a 85 millones de pesos, redirigiendo esos dineros hacia gastos administrativos y de la corporación Concejo. Lo grave del caso es que el mismo Concejo avaló la operación mediante un acuerdo que introdujo un parágrafo transitorio, mecanismo que permitió el desvío.
Los concejales implicados son Viviana Marcel Beltrán Orozco, Luisa Fernanda Villegas Manrique, Lorena Mildred Castaño Durán, Claudia Patricia López Sánchez, James Arturo Cardona Ríos, Duberney Rodríguez Rengifo y Johan Andrés Hurtado Olarte, quienes, según la Procuraduría Provincial de Armenia, habrían transgredido los principios de moralidad y eficacia que deben regir la función pública.
El órgano de control calificó la falta como gravísima cometida a título de culpa grave, lo que abre la puerta a sanciones disciplinarias que podrían inhabilitarlos para ejercer cargos públicos. Más allá de las posibles sanciones, el caso deja en evidencia un preocupante patrón en la gestión de los recursos en municipios pequeños, donde la vigilancia ciudadana es limitada y los órganos de control suelen actuar de manera reactiva.
La pregunta que surge es si este episodio es un hecho aislado o si refleja una práctica reiterada de fragilidad institucional en el Quindío, donde decisiones administrativas terminan favoreciendo la discrecionalidad de quienes están al mando, debilitando la confianza de la comunidad en sus gobernantes.