Por: Ana Yiré Hoyos Ramírez
Bogotá, 21 de agosto de 2025 — El representante a la Cámara Santiago Osorio, del partido Alianza Verde, encendió las alarmas por el vencimiento de 17 concesiones viales en el país, incluido el contrato de la Autopista del Café, que finaliza en 2027.
El congresista advirtió que, aunque el presidente Gustavo Petro ha dicho públicamente que no se renovarán estos contratos, desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) algunos funcionarios estarían promoviendo prórrogas de hasta 30 años más, lo que mantendría vigentes los peajes durante décadas.
¿Qué es una concesión vial?
En Colombia, muchas carreteras no son administradas directamente por el Estado. Se entregan a empresas privadas bajo contratos llamados concesiones: la empresa pone el dinero para construir o mejorar la vía y, a cambio, cobra peajes durante un tiempo para recuperar la inversión y obtener ganancias.
Cuando el contrato vence, hay dos caminos:
- Renovar la concesión, lo que significa que seguirían los peajes.
- Devolver la vía al Estado, lo que podría reducir o eliminar los cobros, pero implicaría que el Gobierno asuma el mantenimiento con recursos públicos.
El caso del Eje Cafetero
Según Osorio, la Autopista del Café es un ejemplo de inequidad. “En el Eje Cafetero existen siete peajes, de los cuales cuatro están en Caldas. A un quimbiano o un risaraldense le cuesta 530 pesos por kilómetro recorrido, mientras que a un manizaleño le cuesta 1.100 pesos. ¿Por qué los caldenses tienen que asumir ese desbalance?”, cuestionó.
El congresista recordó que esta situación incluso ha afectado la integración regional. Por ejemplo, Manizales no pudo conformar un área metropolitana con Chinchiná porque entre ambas ciudades hay un peaje. “Una señora que quiere ir a su caja de compensación debe pagar casi 18.000 pesos. Manizales es una ciudad sitiada por peajes”, denunció.
¿Qué viene ahora?
Osorio señaló que no está en contra de las concesiones en general, pero que en lugares como el Eje Cafetero, donde las vías ya están desarrolladas y solo requieren mantenimiento, no tendría sentido extender contratos por 30 años más.
“El Gobierno debe actuar con transparencia. No puede ser que funcionarios tomen estas decisiones a puerta cerrada. La discusión debe hacerse de cara a la ciudadanía”, concluyó.
El debate apenas comienza: mientras los concesionarios buscan prolongar los contratos y asegurar ingresos por billones de pesos, el Congreso y el Gobierno deberán decidir si las vías regresan a manos del Estado o si los peajes seguirán por décadas más.
