La falta de avances en la implementación del Catastro Multipropósito en Colombia no es solo un problema técnico o administrativo: tiene consecuencias directas sobre las comunidades rurales, la equidad territorial y la calidad de vida de millones de familias. Así lo advirtió la Contraloría General de la República en su reciente estudio “Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito 2014–2024”, que expone cómo la desactualización catastral profundiza la desigualdad y frena el desarrollo local.
De acuerdo con el informe, apenas 73 municipios —equivalentes a cerca de 8,8 millones de hectáreas— cuentan con información catastral actualizada, de un total de 114 millones en todo el país. En la práctica, esto significa que el 90% del territorio colombiano sigue sin una base de datos precisa sobre quiénes son sus propietarios, cuánto valen los predios y cómo se usan las tierras.
Este atraso golpea principalmente a las zonas rurales, donde la informalidad en la tenencia de la tierra limita el acceso a créditos, subsidios de vivienda, programas de desarrollo agrícola y proyectos de infraestructura. Para los campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado, la falta de catastro actualizado equivale a vivir sin seguridad jurídica sobre su territorio.
La Contraloría también advierte que el lento avance del catastro multipropósito impide cumplir con los compromisos de la Reforma Rural Integral establecida en el Acuerdo de Paz de 2016. Sin información verificada sobre los predios, no es posible priorizar ni formalizar tierras, ni garantizar la redistribución equitativa que permitiría reducir la concentración de la propiedad rural.
En el plano económico, la desactualización catastral representa un obstáculo para los municipios. Al carecer de datos actualizados sobre los predios, los gobiernos locales no pueden recaudar de manera justa el impuesto predial, una de sus principales fuentes de ingresos. Esto se traduce en menos recursos para obras públicas, saneamiento básico, vías terciarias y servicios comunitarios.
El estudio también revela un preocupante panorama financiero: entre 2020 y 2023, el 46% de los recursos asignados al Catastro Multipropósito no se ejecutaron. Esta ineficiencia en la inversión pública retrasa la modernización tecnológica y la interconexión entre catastro y registro, afectando la planeación urbana y rural.
En comunidades donde la pobreza y el conflicto han dejado profundas huellas, la ausencia de un catastro moderno impide que los esfuerzos de reconstrucción sean sostenibles. La falta de claridad sobre la propiedad de la tierra alimenta disputas, desalienta la inversión y perpetúa la exclusión de los sectores más vulnerables.
La Contraloría hace un llamado a acelerar la implementación del Catastro Multipropósito, fortalecer la coordinación interinstitucional y priorizar los territorios con mayor rezago. Un catastro actualizado —advierte el informe— no solo ordena la información sobre la tierra, sino que brinda herramientas para transformar realidades sociales, impulsar la economía local y garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen a las comunidades que más lo necesitan.
