La libertad de prensa y la protección de las mujeres en el ejercicio periodístico recibieron un nuevo respaldo desde la Corte Constitucional. En una decisión de unificación, el alto tribunal concluyó que el presidente de la República vulneró derechos fundamentales al lanzar expresiones estigmatizantes contra un grupo de periodistas durante la posesión de la actual Defensora del Pueblo.
El fallo, contenido en la Sentencia SU-432 de 2025, respondió a una acción de tutela presentada por comunicadoras que se sintieron directamente afectadas al ser catalogadas como “muñecas de la mafia” y acusadas de promover la criminalización de la protesta social. La Corte determinó que estas afirmaciones constituyeron una forma de violencia simbólica basada en género y ordenó al mandatario rectificar públicamente sus palabras.
Además del mandato de retractación, el tribunal advirtió que las figuras de poder deben ejercer su libertad de expresión con responsabilidad, especialmente cuando están en juego derechos como la igualdad, la dignidad y el respeto hacia quienes ejercen control social e informativo.
Organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron el precedente que marca esta decisión, pues evidencian que el lenguaje institucional puede convertirse en un instrumento de discriminación y deslegitimación del oficio periodístico. Para la Defensoría del Pueblo, esta sentencia reivindica la importancia de garantizar que las mujeres periodistas ejerzan su profesión sin amenazas, agresiones ni discursos estigmatizantes.
El pronunciamiento también envía una señal al Congreso para acelerar la discusión de normas que prevengan y sancionen la violencia digital y la discriminación por género en entornos informativos, un problema que ha ido en aumento en los últimos años.
Con su decisión, la Corte resalta que la palabra del poder público no solo comunica, sino que puede transformar realidades: fortalecer la democracia o profundizar desigualdades. El reto, según lo sentenciado, está en elegir siempre el camino del respeto, el reconocimiento y la protección de quienes informan al país.
