La gestión de bienes del Estado durante la administración departamental 2004–2007 vuelve a estar en el centro del debate en el Quindío. La exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante fue llamada a responder ante la justicia por su presunta participación en decisiones que habrían favorecido a una entidad privada con recursos y propiedades del patrimonio público.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó una acusación formal en su contra por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado. El expediente señala que la exmandataria impulsó la cesión de un terreno de casi dos hectáreas a la Asociación Abrazar, bajo el amparo de una ordenanza que —según la Fiscalía— no autorizaba la transferencia total del bien.
El predio en cuestión está ubicado sobre la variante que comunica a Calarcá con Ibagué y albergaba el estadio Guillermo Jaramillo Palacio, un escenario deportivo catalogado como bien público de uso municipal. En la investigación se advierte que la administración del estadio habría pasado a manos particulares, lo que derivó en explotación económica sin autorización legal.
Tras un largo proceso de actuaciones judiciales, el inmueble deportivo fue devuelto al municipio de Calarcá en abril de 2022. No obstante, la Fiscalía sostiene que la operación dejó un daño económico al Estado que supera los 12.100 millones de pesos, así como múltiples inconsistencias en los documentos que avalaron la cesión del terreno.
Con los cargos ya en firme, será la Corte Suprema la que determine la responsabilidad penal de la exgobernadora en uno de los casos de presunta afectación al patrimonio público más sensibles del departamento en los últimos años.
