Por: Redacción La Cuyabra Radio
En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Colombia, país que continúa entre los más peligrosos del mundo para esta profesión.
El panorama es inquietante: de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 1977 han sido asesinados 169 periodistas en el país, 10 de ellos en los últimos cinco años, en departamentos como Córdoba, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Sucre y Quindío. Estas cifras reflejan una violencia persistente y una impunidad que aún no encuentra respuesta judicial.
En el escenario global, los datos no son más alentadores. Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco, 1.834 comunicadores han perdido la vida desde 1993 por el ejercicio de su labor, y el 85% de estos crímenes permanecen impunes. Solo en el último año, 83 periodistas fueron asesinados en distintas regiones del mundo.
La Defensoría del Pueblo subrayó que esta impunidad no solo vulnera el derecho a la justicia, sino que fortalece el miedo entre quienes investigan y denuncian hechos de interés público. “Cuando la verdad se silencia con la violencia, la sociedad entera pierde su derecho a estar informada”, expresó la entidad en su pronunciamiento.
Violencia diferenciada contra mujeres periodistas
El informe también pone de relieve la situación de las mujeres comunicadoras, quienes enfrentan riesgos adicionales por motivos de género. A las agresiones físicas se suman el acoso digital, la estigmatización, la violencia sexual y las campañas de desprestigio que buscan censurar su voz en los espacios públicos. La Unesco reportó que entre 2022 y 2023 se registró el mayor número de asesinatos de mujeres periodistas en siete años: 14 casos.
Un llamado a la acción estatal
La Defensoría exhortó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a fortalecer las investigaciones y sancionar con prontitud los crímenes contra periodistas. Además, pidió al Gobierno nacional implementar políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad que garanticen la libertad de expresión, combatan la violencia digital y protejan el pluralismo informativo.
Asimismo, instó a los líderes políticos y servidores públicos a abstenerse de emitir declaraciones que puedan interpretarse como permisivas o estigmatizantes frente al trabajo de la prensa.
La libertad de prensa como pilar democrático
El mensaje de fondo es claro: no puede haber democracia sin periodismo libre y protegido. La Defensoría reiteró que “ningún crimen contra periodistas puede quedar sin verdad, justicia ni memoria”, recordando que la labor informativa no solo pertenece a quienes la ejercen, sino a toda una sociedad que tiene derecho a conocer la verdad.
Callar a un periodista —advirtió el organismo— es silenciar la conciencia crítica de un país que necesita más voces, más verdad y menos miedo.
