Por: Redacción La Cuyabra Radio
Colombia enfrenta un panorama crítico en materia de servicios públicos esenciales. Tres décadas después de la promulgación de la Ley 142 de 1994 —que buscaba garantizar cobertura y calidad en agua, alcantarillado y aseo—, millones de personas siguen excluidas de estos derechos básicos. Así lo advirtió la Contraloría General de la República durante el foro “30 años de la Ley 142: desigualdades en agua y saneamiento básico en las regiones”.
Según el ente de control, más de 5 millones de colombianos no cuentan con acceso a agua potable, 12,5 millones carecen de alcantarillado sanitario y 8,6 millones no disponen del servicio de recolección de basuras. A pesar de los avances normativos, el progreso en cobertura ha sido mínimo: entre 1993 y 2024, el acueducto urbano solo creció 3,2%; el alcantarillado, 11,8%; y la recolección de residuos, 16,1%.
Desigualdad territorial, el gran obstáculo
El informe de la Contraloría evidenció profundas brechas entre las zonas urbanas y rurales. Mientras la Región Andina reporta una cobertura del 93,6% en acueducto, la Amazonía apenas alcanza el 46,8%. La diferencia es aún más drástica en alcantarillado (78,4%) y aseo (67,5%), mostrando que los territorios más apartados siguen siendo los más olvidados.
“La inequidad territorial sigue siendo la gran deuda del Estado colombiano. No puede hablarse de desarrollo sostenible cuando millones de familias aún hierven el agua para beber o arrojan desechos en quebradas”, señaló un delegado de la entidad.
La Contraloría también alertó sobre un inminente retroceso en la financiación de este sector. El Presupuesto General de la Nación 2026 contempla una reducción del 53% en los recursos destinados al agua y saneamiento. Los fondos del Ministerio de Vivienda pasarían de 1,5 billones de pesos en 2025 a apenas 0,7 billones en 2026, una disminución que ronda los 800 mil millones.
A esto se suma la baja ejecución presupuestal: a septiembre de 2025, el Ministerio solo había utilizado el 23% de sus recursos de inversión, y para el componente de agua y saneamiento, apenas el 22%.
De las 684 plantas de tratamiento de aguas residuales analizadas por la Contraloría, solo el 39% funciona correctamente. El resto presenta fallas técnicas, abandono o nula operación, provocando que miles de litros de aguas contaminadas sean vertidos en ríos y mares del país.
El control fiscal entre 2020 y 2025 también arrojó cifras preocupantes: más de $443 mil millones en hallazgos fiscales entre proyectos del Sistema General de Participaciones, los Planes Departamentales de Agua y el Sistema General de Regalías.
La Contraloría enfatizó que su papel no es solo sancionar, sino prevenir y corregir. “La vigilancia debe convertirse en una herramienta de transformación social. No basta con detectar irregularidades; hay que garantizar que las políticas lleguen a quienes más lo necesitan”, afirmó la entidad.
El diagnóstico deja una conclusión clara: tres décadas después de la Ley 142, Colombia sigue en deuda con millones de ciudadanos que aún esperan abrir la llave y ver salir agua limpia.
