La más reciente apuesta del Gobierno para transformar el control de las mercancías en frontera llegó al Congreso cargada de tecnología… y de dudas. Se trata del Proyecto de Ley 312 de 2025, radicado el 30 de octubre en el Senado, que propone rediseñar el régimen sancionatorio aduanero con herramientas de inteligencia artificial, trazabilidad digital e interoperabilidad de datos entre entidades públicas y operadores del comercio exterior.
Lejos de ser un simple ajuste técnico, la iniciativa apunta a cambiar la forma como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) vigila, detecta y sanciona irregularidades en las operaciones de importación y exportación. Sin embargo, en el sector privado ya se habla de un posible “sobrecosto jurídico” si el nuevo esquema no viene acompañado de reglas claras y mecanismos de defensa robustos.
Tecnología al servicio del control
Un análisis de KPMG Colombia destaca que el proyecto se mueve en la misma dirección que las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas: uso intensivo de datos, algoritmos y plataformas interoperables para perfilar riesgos, identificar operaciones inusuales y seguir, casi en tiempo real, el recorrido documental de las mercancías.
En la práctica, esto implica que la DIAN podría apoyarse en modelos de inteligencia artificial para cruzar información de importadores, exportadores, transportadores y agencias de aduanas, así como para priorizar inspecciones y focalizar auditorías. La reforma también impulsa la digitalización de procedimientos y la integración de sistemas, con el objetivo de reducir el uso de trámites en papel y aumentar la transparencia del proceso.
Además, el proyecto contempla espacios formales de conversación con gremios y operadores, con la promesa de construir una regulación más cercana a la realidad del comercio y menos desconectada de la operatividad diaria en puertos, aeropuertos y depósitos.
El punto de quiebre: poder sancionador vs. garantías
Aunque los avances técnicos son reconocidos, la discusión no se centra en la tecnología, sino en el alcance del poder sancionatorio que tendría la DIAN. De acuerdo con el análisis de KPMG, el texto todavía deja “zonas grises” en la manera como se describen las infracciones y las consecuencias para los operadores.
Sebastián Mendivelso, gerente de Global Customs & Excise de KPMG Colombia, advierte que la modernización no puede construirse sobre bases difusas: si las conductas sancionables no quedan descritas con precisión y los procedimientos de defensa no se refuerzan, el sistema terminaría reproduciendo la inseguridad jurídica que la Corte Constitucional ya había cuestionado.
En esa línea, preocupa que mientras se amplían las facultades para imponer sanciones, no se observe un fortalecimiento equivalente de las herramientas para controvertir decisiones, subsanar errores o acceder a recursos efectivos en tiempos razonables.
Pymes en la mira por nuevas cargas de cumplimiento
Uno de los sectores que podría sentir con más fuerza los efectos de la reforma es el de las pequeñas y medianas empresas. La exigencia de mayor trazabilidad, más reportes y controles más sofisticados puede convertirse en una barrera adicional para compañías que ya operan con estructuras administrativas limitadas.
Los expertos alertan que, si bien las grandes multinacionales suelen contar con equipos legales y tecnológicos robustos, muchas pymes podrían enfrentar mayores costos de cumplimiento, necesidad de asesoría especializada y riesgo de sanciones por errores formales en un entorno regulatorio más exigente.
En un contexto de competencia global, cualquier incremento en los costos y tiempos para operar podría impactar la capacidad de las empresas locales para exportar o importar en condiciones similares a las de sus pares en otros países.
Un proyecto bajo la sombra de la Corte Constitucional
El debate legislativo llega marcado por la reciente Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que reiteró la obligación del Estado de asegurar debido proceso, proporcionalidad y seguridad jurídica en las normas sancionatorias. El mensaje del alto tribunal fue claro: las reglas deben ser lo suficientemente precisas para evitar arbitrariedades y otorgar certeza a los administrados.
Según la evaluación de KPMG, el texto del Proyecto de Ley 312 todavía no responde completamente a esas exigencias. Persisten aspectos que podrían dar lugar a interpretaciones dispares por parte de la autoridad y de los jueces, lo que abriría la puerta a más controversias, demandas y litigios.
Por esa razón, la firma insiste en que el Congreso tiene la responsabilidad de introducir ajustes técnicos que hagan compatible la modernización tecnológica con una arquitectura jurídica sólida, legible y respetuosa de los derechos de los operadores aduaneros.
¿Modernización o fuente de conflictos?
El desafío de la reforma no se limita a instalar algoritmos y plataformas digitales. Lo que está en juego es si Colombia consigue un modelo aduanero capaz de prevenir el contrabando y el fraude sin convertir el comercio exterior en un campo minado de riesgos regulatorios.
Para voces del sector consultivo, el Proyecto de Ley 312 de 2025 encarna una oportunidad relevante: avanzar hacia un sistema más transparente, digital y predecible. Pero ese potencial solo se concretará si el diseño normativo incorpora salvaguardas claras, procedimientos de defensa efectivos y un trato diferenciado que no expulse a las pymes del escenario exportador.
La discusión en el Congreso definirá si la reforma se convierte en un aliado de la competitividad o en un nuevo capítulo de incertidumbre para quienes, día a día, mueven la economía colombiana a través de las fronteras.
