Un informe de la Contraloría General de la República dejó en evidencia serias falencias en la administración del contrato de alumbrado público del municipio de Pereira, que abarcan aspectos administrativos, disciplinarios y de control interno, y que podrían comprometer la estabilidad financiera del sistema.
La revisión adelantada por el ente de control al contrato de concesión —que incluye la operación, mantenimiento, modernización, expansión tecnológica y la iluminación ornamental y navideña— reveló debilidades en el cumplimiento de obligaciones clave relacionadas con la facturación y el recaudo del impuesto de alumbrado público, principal fuente de financiación del servicio.
De acuerdo con la Contraloría, el municipio presenta fallas en su gestión administrativa, informativa y documental, lo que ha limitado el aprovechamiento de los recursos técnicos especializados previstos en el contrato y ha afectado la coordinación y trazabilidad entre las entidades involucradas en su ejecución.
El informe también advierte inconsistencias en el decreto que designó a las empresas comercializadoras de energía como agencia de recaudo conjunto del impuesto de alumbrado público, así como el incumplimiento del marco normativo vigente frente a la actualización de la curva de energía, proceso que aún no ha sido ajustado por la administración municipal.
Uno de los puntos más sensibles señalados por el organismo de control tiene que ver con el manejo de los recursos destinados al Patrimonio Autónomo Fideicomiso Alumbrado Público Pereira. Durante una visita realizada a la Alcaldía entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025, se evidenció que los recursos que debían ser transferidos oportunamente a la fiduciaria Acción Sociedad Fiduciaria S.A. no fueron girados en los tiempos establecidos.
Esta situación, según la Contraloría, afecta la liquidez del proyecto y pone en riesgo la ejecución de las actividades financiadas con dichos recursos, al impedir que la fiduciaria administre y disponga de los fondos de manera oportuna.
Finalmente, la Contraloría Delegada Sectorial advirtió al municipio sobre la posibilidad de un detrimento de las finanzas territoriales si no se adoptan con urgencia medidas administrativas para actualizar la curva de energía y conciliar con el concesionario los más de 3.640 millones de pesos pendientes de giro al fideicomiso, recursos fundamentales para la sostenibilidad del sistema de alumbrado público en Pereira.