La intención del Gobierno Nacional de modificar el mecanismo con el que se fija el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) ya genera preocupaciones institucionales. Ante los posibles efectos de esta medida, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio información técnica detallada para evaluar los riesgos que podría traer el cambio normativo.
El organismo de control advirtió que sustituir el actual sistema de cálculo, basado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, por un esquema expresado en pesos colombianos, podría desencadenar impactos sensibles en el ámbito jurídico, financiero y social. Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, esta transformación podría abrir la puerta a conflictos contractuales, incumplimientos y eventuales demandas, tanto para constructores como para compradores.
Entre las principales inquietudes del Ministerio Público está la necesidad de definir con claridad un régimen de transición para los proyectos VIS que ya están en ejecución y para las promesas de compraventa firmadas bajo las reglas actuales. Asimismo, insistió en reforzar la protección de los consumidores y en garantizar que exista coherencia entre el valor final de las viviendas, los subsidios estatales y las opciones de financiación, evitando desequilibrios que pongan en riesgo el cierre financiero de las familias.
Como parte de su labor preventiva, la Procuraduría convocó a una mesa técnica interinstitucional que se realizará el próximo 28 de enero. En este espacio se analizarán los efectos del proyecto de decreto y se buscará una implementación coordinada de la política de vivienda, con el objetivo de mitigar impactos negativos y asegurar que los cambios no afecten el acceso a la vivienda de interés social en el país.