Al menos 164.929 animales fueron afectados por el tráfico de fauna silvestre en Colombia entre 2021 y 2024, de acuerdo con una investigación presentada por la Defensoría del Pueblo, que además alertó sobre dificultades para hacer seguimiento al destino de los ejemplares y pidió fortalecer las medidas de protección.
El informe fue elaborado con información entregada por 34 corporaciones autónomas regionales. Los registros establecieron que durante el periodo analizado 36.580 animales murieron, mientras que en 41.723 casos no se obtuvo información sobre su destino final.
Los reptiles concentraron la mayor cantidad de registros, con 121.070 ejemplares afectados, seguidos por las aves, con 18.094, y los mamíferos, con 10.926.
Entre las especies con mayor número de reportes aparecen la iguana verde, con 76.375 individuos; la tortuga de orejas naranjas, con 10.918; la tortuga pintada, con 10.177; la tortuga de patas rojas, con 4.897, y el caimán de anteojos, con 4.439.
Los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba registraron las mayores cifras entre las autoridades ambientales que suministraron información para la investigación.
El seguimiento también permitió establecer qué ocurrió con parte de los animales después de ingresar al sistema institucional. Un total de 39.697 ejemplares fueron liberados, mientras que 40.162 permanecieron bajo manejo en Centros de Atención y Valoración (CAV) o Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR).
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que la protección de los ecosistemas y de las especies debe abordarse como un componente relacionado con la garantía de los derechos humanos.
La entidad advirtió que las cifras recopiladas no representan la totalidad del tráfico de fauna silvestre en Colombia, debido a las diferencias existentes entre los sistemas de registro y los criterios empleados por las autoridades ambientales.
La investigación incluyó información sobre incautaciones, decomisos, aprehensiones y entregas voluntarias, además de datos relacionados con las especies afectadas, los territorios donde se presentaron los casos, las causas del tráfico y la capacidad institucional para atenderlos.
Ante este panorama, la Defensoría recordó que la Ley 2153 de 2021 establece la creación de un sistema de información destinado a prevenir, controlar y combatir el tráfico de fauna silvestre.
Según el organismo, la puesta en funcionamiento de este mecanismo permitiría unificar los registros, mantener información actualizada, mejorar la coordinación entre las entidades y contar con mayores elementos para diseñar acciones de prevención y control.
La Defensoría del Pueblo señaló que el fortalecimiento de los sistemas de información y de las capacidades institucionales será determinante para conocer con mayor precisión la magnitud del tráfico de fauna y mejorar la respuesta de las autoridades frente a esta problemática.