La reciente renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia ha desatado una fuerte controversia en el gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la publicación de una serie de mensajes que revelarían presuntas interferencias desde altos niveles del Ejecutivo en decisiones internas de esa cartera.
Según información revelada por el periodista Daniel Coronell, uno de los mensajes enviados el pasado 8 de abril por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a la entonces ministra de Justicia decía: “Porfa, suspender contratación de trajes del Inpec”. Este chat, de carácter informal, evidenciaría una posible intromisión en asuntos administrativos del Ministerio.
Aunque en su carta de renuncia Buitrago no mencionó nombres, luego trascendió que además de Rodríguez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habría sido otro de los funcionarios que intentaron influir en sus decisiones. La exministra también denunció presiones para modificar encargos y realizar nombramientos sin su aprobación, lo cual —según ella— contribuyó a su determinación de dejar el cargo.
Uno de los episodios más llamativos tiene que ver con la designación del ministro encargado durante una comisión oficial de Buitrago en Washington. En su denuncia, señala que dejó encargado al secretario general del Ministerio de Justicia, pero desde Presidencia se le informó que el designado sería Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Casa de Nariño. Esta decisión, aseguró, le fue notificada a través de un mensaje autodestructivo que desapareció poco después de ser leído.
Ocampo, quien previamente había enfrentado una investigación por estafa en su ejercicio como abogado —de la cual fue absuelto—, asumió interinamente el Ministerio desde el pasado 16 de mayo.
A raíz de estos hechos, la abogada Estefanía Orozco Torres presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti, argumentando la existencia de posibles presiones indebidas y tráfico de influencias.
La situación continúa generando tensiones al interior del Ejecutivo, mientras diversos sectores políticos y jurídicos exigen claridad sobre los límites de la intervención presidencial en los nombramientos y decisiones de los ministerios.
