Mientras el Gobierno celebra la histórica reducción en la tasa de desempleo, diversos analistas advierten que detrás de esa cifra se oculta una preocupante realidad: la mayoría de los empleos que se están creando son informales.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para abril de 2025 se estimó que 55 de cada 100 trabajadores en el país desempeñan su labor sin un contrato formal ni afiliación al sistema de seguridad social. Aunque esta proporción es levemente inferior a la registrada en años anteriores —59,2% en 2021 y 55,7% en 2024—, los expertos ponen la lupa sobre la calidad de los nuevos puestos que alimentan las estadísticas de ocupación.
Según cifras del mismo Dane, de las más de 711.000 personas que encontraron trabajo en abril, aproximadamente 528.000 lo hicieron de forma independiente, lo que implica que alrededor de 7 de cada 10 nuevos ocupados engrosan la informalidad. Así lo explicó José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), quien agregó que este fenómeno podría agravarse con la inminente aprobación de la reforma laboral. Anif calcula que cerca de 140.000 puestos de trabajo estarían en riesgo si la reforma entra en vigencia sin medidas complementarias para incentivar la formalización.
Aunque la tasa de desempleo se ubicó en 8,8% en abril —la más baja para ese mes en lo que va del siglo XXI y la menor entre los países de la Ocde para dicho periodo—, la dependencia del llamado “rebusque” preocupa a gremios y centros de análisis. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue enfático en calificar como alarmante la persistente expansión de la economía informal, subrayando que “cuentapropismo” es, en muchos casos, un disfraz para la falta de empleos dignos y estables.
Este contexto plantea serios desafíos para la protección social y la sostenibilidad fiscal del país, ya que miles de trabajadores quedan sin acceso a prestaciones de salud, pensión o cobertura en riesgos laborales. A mediano plazo, esta situación podría profundizar la desigualdad y minar los avances logrados en materia de reducción de la pobreza.
En palabras de los expertos, si bien el descenso de la desocupación es una señal alentadora, la prioridad debería ser garantizar empleos de calidad, con condiciones formales y protección para los trabajadores, y no depender de soluciones de subsistencia que no aportan al fortalecimiento del tejido económico ni a la estabilidad social.
