La decisión de un juez de enviar a prisión a una mujer investigada por el presunto abuso sexual de su hija de seis años, en Puerto Asís (Putumayo), ha generado profunda preocupación y vuelve a encender las alertas sobre la necesidad de fortalecer la protección de los niños en Colombia.
El proceso fue impulsado por la Fiscalía General de la Nación, que imputó a la señalada los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. Durante las audiencias, la mujer no aceptó los cargos y deberá enfrentar el proceso judicial privada de la libertad.
De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre enero y junio de 2025 en el barrio El Prado. Las autoridades sostienen que la menor habría sido obligada a participar en actos sexuales, una situación que, de confirmarse, representa una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
La captura fue realizada en Mocoa por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de la Policía Nacional. Entretanto, organismos de protección infantil insisten en la importancia de denunciar cualquier señal de maltrato o abuso, recordando que el silencio puede prolongar el sufrimiento de las víctimas.
Este caso no solo avanza en los estrados judiciales, sino que también debe servir como un llamado a la sociedad para no ser indiferente. La protección de los niños es una responsabilidad compartida entre familias, instituciones y comunidades.
Expertos reiteran que escuchar a los menores, creer en su palabra y reportar oportunamente cualquier sospecha puede marcar la diferencia. Garantizar entornos seguros es clave para que la niñez crezca libre de violencia.
Si conoce un caso de vulneración de derechos, puede acudir a las autoridades o comunicarse con las líneas de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia. Cuidar a los niños es un deber colectivo.
