Por Anyi Gironza
En medio de la gran cantidad de proyectos que se presentan anualmente en el Senado y la Cámara de Representantes, uno en particular ha generado controversia desde su radicación a finales de 2022, ya que busca afectar directamente los salarios de quienes trabajan en esta rama del poder público.
Se trata del proyecto de ley Orgánica número 194 de 2023 Cámara, 97 de 2022 Senado, que propone reducir o poner un techo al salario de los congresistas, con el objetivo de disminuir la brecha salarial entre estos funcionarios y otros empleados del Estado.
El proyecto fue aprobado masivamente en la plenaria del Senado el 23 de agosto de 2023 y actualmente está en trámite en la Cámara de Representantes, donde deberá superar otros dos debates en las próximas semanas.
El senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández, autor de la iniciativa, explicó que el propósito es detener los aumentos desmedidos de los salarios de los congresistas, que generan polémica anualmente. “El objetivo es modificar el Régimen Salarial de los Congresistas de la República, incluyendo todos los ingresos salariales, emolumentos y beneficios económicos”, afirmó el legislador.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto pasó a un segundo plano, pero esta semana aparece como el primer punto en la agenda de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Los representantes Duvalier Sánchez, Adriana Arbeláez, Carlos Adolfo Ardila, Hernán Darío Cadavid, Diógenes Quintero Amaya, Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, Marelen Castillo y Luis Alberto Albán serán los encargados de su discusión.
El proyecto propone que el salario de los congresistas se limite a 25 salarios mínimos legales vigentes y elimina una prima de 15 millones de pesos que actualmente reciben. Este tope salarial también se aplicaría a otros altos funcionarios del Estado, estableciendo que ningún servidor público podrá ganar más que un congresista.
Además, se estipula que a partir del 20 de julio de 2026, los congresistas podrán tener otra ocupación paralela a su función legislativa, y que el 50% de los ahorros generados se destine a financiar proyectos educativos rurales y el otro 50% a bonificaciones para la fuerza pública y la Policía.
Una preocupación relacionada con el trámite del proyecto es la apretada agenda legislativa, que incluye otras iniciativas importantes como la reforma pensional, la cual también debe ser aprobada antes del 20 de junio.
