La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una fuerte advertencia sobre la situación de los medios públicos en Colombia, en su más reciente informe sobre libertad de prensa en América Latina, publicado hace menos de una semana. El organismo internacional señaló posibles prácticas de censura en RTVC, el Sistema de Medios Públicos del país, lo cual, según indicó, estaría afectando el acceso ciudadano a una información veraz, equilibrada y diversa.
De acuerdo con el informe, la CIDH recibió denuncias de que RTVC estaría evitando cubrir o divulgar contenidos que pudieran considerarse críticos hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta omisión, dice el organismo, limita la pluralidad informativa, especialmente para aquellas audiencias que no cuentan con acceso a otros medios.
El reporte también advierte sobre supuestas irregularidades en la asignación de contratos dentro de RTVC, que habrían favorecido a personas sin trayectoria en el ámbito periodístico, pero con afinidad ideológica con la actual administración. Aunque no se mencionan nombres concretos, se señala que estos hechos podrían estar contribuyendo a un sesgo informativo dentro de los medios estatales.
Otra preocupación destacada por la CIDH es el uso de los espacios de RTVC para difundir exclusivamente la visión oficial del gobierno, reduciendo así las oportunidades para el disenso y el análisis crítico. A esto se suma la disminución de la pauta publicitaria privada y la concentración de la publicidad oficial, que estaría reforzando el enfoque gubernamental dentro de la programación.
La Comisión recordó que los medios públicos no deben funcionar bajo criterios partidistas ni responder a intereses políticos o económicos. Su independencia, señala el informe, es esencial para garantizar que cumplan su función como plataformas de servicio público orientadas al interés general.
La CIDH reiteró su llamado a garantizar una línea editorial autónoma en los contenidos del sistema de medios públicos y recomendó que su gestión se mantenga libre de presiones gubernamentales, para preservar la credibilidad de la información y fortalecer la democracia.
Estas observaciones no solo se dirigen al gobierno actual, sino a futuras administraciones, con el objetivo de consolidar una política pública de comunicación basada en la transparencia, el pluralismo y la rendición de cuentas.
