Durante una mesa nacional convocada por la Defensoría del Pueblo, hospitales públicos y privados de diferentes regiones del país expusieron la crítica situación financiera que enfrentan, advirtiendo sobre posibles cierres de servicios y la amenaza que esto representa para la atención en salud.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lideró el encuentro que reunió a representantes de gremios hospitalarios y a más de una docena de gerentes de instituciones médicas, quienes presentaron un panorama preocupante: deudas millonarias por parte de las EPS, problemas en la facturación y obstáculos normativos que impiden el flujo eficiente de recursos.
Uno de los principales reclamos se relaciona con la imposibilidad de usar recursos actuales para cubrir pasivos de años anteriores, sumado a las complicaciones técnicas impuestas para los procesos de cobro, lo que ha agravado la situación operativa de muchos centros asistenciales. Asimismo, se señaló que los giros directos no alcanzan los porcentajes establecidos por ley, lo que limita aún más la capacidad de respuesta de las instituciones.
Los participantes alertaron que las demoras en los pagos no solo afectan la nómina del personal médico, sino que también han derivado en el cierre temporal de camas hospitalarias, suspensión de servicios y desatención de pacientes en regiones apartadas.
La Defensoría del Pueblo anunció que mantendrá la interlocución con todos los actores del sistema de salud para buscar alternativas que garanticen la continuidad de la atención, especialmente en los territorios más vulnerables del país, donde ya se reportan afectaciones graves. La entidad reiteró que la salud es un derecho fundamental que no puede seguir comprometido por fallas en la gestión administrativa y financiera del sistema.
