Tras el trágico accidente ocurrido el pasado 24 de mayo en el sector del puente Helicoidal de La Línea, que cobró la vida de 10 personas, las autoridades de transporte intensificaron las investigaciones administrativas para esclarecer responsabilidades y evitar futuras tragedias.
La Superintendencia de Transporte decidió abrir procesos sancionatorios contra dos empresas de transporte especial —Trans Logytour S.A.S. y Transportes Granada González Gamboa y Cía SCA— además de un Centro de Diagnóstico Automotor en Armenia (Cenda Diagnosticentro S.A.), que al parecer habrían incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la seguridad y el mantenimiento de vehículos.
“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los usuarios y con la aplicación estricta de las normas de transporte”, indicó María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, quien enfatizó que el Gobierno Nacional no tolerará incumplimientos que pongan en riesgo vidas humanas.
Por su parte, el Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, destacó la responsabilidad que tienen las empresas y operadores de transporte público: “No vamos a permitir que hechos como el ocurrido en La Línea se repitan. Los empresarios deben asumir su deber de garantizar la seguridad de los pasajeros, y estamos decididos a actuar con contundencia.”
El proceso sancionatorio contra Trans Logytour S.A.S. se dividió en dos investigaciones independientes. En la primera, que se formalizó mediante la Resolución 10539 del 30 de mayo de 2025, se detectaron posibles fallas en el cumplimiento de las obligaciones de reporte e información exigidas por la autoridad. En la segunda, a través de la Resolución 10701 del 6 de junio de 2025, se formularon cargos adicionales relacionados con la presunta prestación irregular del servicio el día del accidente.
A su vez, la empresa Transportes Granada González Gamboa y Cía SCA fue vinculada a la investigación por ser la contratista con la que habría acordado el servicio la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt.
En cuanto al CDA Cenda Diagnosticentro S.A., las investigaciones preliminares del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) revelaron posibles incumplimientos en la inspección técnica del vehículo implicado. Por esta razón, la Superintendencia ordenó la suspensión provisional de su habilitación y desconexión del RUNT, medida que se mantendrá hasta que se corrijan las deficiencias detectadas o por un plazo máximo de seis meses.
Las empresas enfrentan la posibilidad de ser multadas con montos que oscilan entre uno y setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción, según lo establecido en la Ley 336 de 1996.
Cabe destacar que, de acuerdo con la legislación vigente, contra la apertura de estas investigaciones y la formulación de cargos no procede recurso, según lo dispuesto por la Ley 336 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De esta forma, el Gobierno Nacional reitera su compromiso con la seguridad vial y la vigilancia del sector transporte, en un esfuerzo por proteger la vida de los usuarios y garantizar la calidad del servicio en las carreteras del país.
