En medio de una estrategia para recuperar el control de sus cárceles y frenar la expansión del crimen organizado, Ecuador ha comenzado la deportación de 1.000 ciudadanos colombianos que estaban privados de la libertad en su sistema penitenciario. La medida, que ya ha alcanzado cerca de 700 deportaciones en marcha, ha provocado un enérgico rechazo por parte del gobierno colombiano, que calificó el proceso como abrupto y carente de coordinación binacional.
La operación, liderada por el Ministerio del Interior de Ecuador y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), se realiza a través del Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia. Según el Ejecutivo ecuatoriano, cada caso ha contado con una audiencia individual, resolución administrativa y boleta de excarcelación emitida por un juez, asegurando que se respetan tanto los protocolos de seguridad como los derechos fundamentales.
Sin embargo, la Cancillería colombiana sostiene que no fue notificada a tiempo ni participó en la elaboración de un protocolo conjunto, lo que impidió, según el gobierno de Bogotá, la verificación plena de la identidad, estado judicial y condiciones humanitarias de los deportados. “La medida fue unilateral e inamistosa”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien además denunció que se vulneran principios básicos del derecho internacional al ejecutarse lo que considera una “deportación masiva”.
Ecuador respondió negando esta acusación y aclaró que se trata de decisiones judicializadas caso por caso. Desde julio —según Quito—, se comunicó formalmente al consulado colombiano en Quito el inicio del proceso individual de deportaciones.
Una característica que marca diferencia frente a procesos de repatriación anteriores es que los deportados no seguirán cumpliendo sus condenas en Colombia. Salvo que tengan procesos abiertos en su país, recobran la libertad una vez cruzan la frontera.
Esta medida se da en un contexto de emergencia nacional por seguridad en Ecuador. Desde que el presidente Daniel Noboa declaró “conflicto armado interno”, el Estado ha intensificado acciones para desarticular bandas criminales que operan dentro de los penales, y entre sus decisiones está la salida de reclusos extranjeros, que representan aproximadamente el 10 % de la población carcelaria.
Mientras continúa la operación que concluiría esta semana, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones enfrentan un momento delicado. La situación abre un nuevo debate sobre el manejo de la seguridad regional y los límites de las decisiones soberanas frente a los compromisos bilaterales.