El departamento del Cauca continúa siendo uno de los territorios más golpeados por la violencia en Colombia. Así lo reveló el reciente informe Cauca: voces que resisten 2024–2025, presentado por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre la compleja crisis humanitaria y las múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrentan sus comunidades, especialmente las indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Durante la entrega del documento en Popayán, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó la vida y el legado de Carmelina Yule, lideresa Nasa asesinada mientras defendía a su comunidad. “La historia de Carmelina es la del Cauca entero: mujeres y hombres que se niegan a rendirse ante la violencia”, expresó con tono conmovido.
El informe detalla cómo las dinámicas del conflicto armado, el narcotráfico y la disputa por el control territorial mantienen a la región en una espiral de dolor. Entre 2024 y lo corrido de 2025 se registraron 18 masacres, más de 1.300 familias desplazadas y un incremento alarmante del reclutamiento forzado de menores, que ya representa el 25% de los casos del país.
Los municipios más afectados —entre ellos Toribío, Caloto, Argelia y Timbiquí— viven bajo el asedio de disidencias de las FARC, el ELN y estructuras del narcotráfico vinculadas a carteles mexicanos, que se disputan rutas y economías ilegales a costa de las comunidades.
La Defensoría advierte además sobre el impacto del conflicto en las mujeres: más de 100 casos de violencia de género fueron atendidos en el último año y medio, varios de ellos con desenlace fatal. Los ataques contra el personal médico y las restricciones de movilidad en zonas rurales también evidencian un deterioro progresivo de la vida civil.
En respuesta, el organismo formuló 52 recomendaciones dirigidas a ministerios, agencias estatales y entes de control. Entre ellas, acelerar la titulación de tierras, garantizar protección a los liderazgos sociales, restaurar los ecosistemas degradados por la minería ilegal y redefinir la presencia del Estado en el territorio más allá de lo militar, fortaleciendo la justicia, la educación y la salud rural.
“El Cauca no puede seguir siendo sinónimo de abandono. Las comunidades necesitan más escuelas que cuarteles, más oportunidades que promesas”, sentenció Marín Ortiz al cierre de su intervención.
El informe se convierte así en un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la sociedad para no mirar hacia otro lado frente a un territorio que, pese a la violencia, sigue tejiendo resistencia, cultura y esperanza desde las montañas del suroccidente colombiano.